Reseña de un libro esencial: "Pueblos Indígenas Amazónicos e Industrias Extractivas"

Por Andrés Huguet Polo

Contrastar la existencia de los pueblos indígenas amazónicos, calificados como primitivos y poco desarrollados y la -a primera vista- ubérrima productividad de la inmensa Amazonía ha sido motivo para que prosperen, casi como lugar común, falsos axiomas. Algunos de ellos: que el desarrollo de la selva pasa por explotar principalmente sus abundantes recursos forestales, fluviales, mineros y de hidrocarburos; que las poblaciones nativas que allí viven no están en condiciones tecnológica ni financieramente de emprender ello; que dicha explotación, fundamentalmente extractiva, de recursos que son de la nación, será fuente abundantísima de desarrollo y progreso para el país y para las propias poblaciones nativas, a las que resulta imperativo “modernizar”. Es en base a dichos parámetros que la ocupación-colonización del territorio amazónico se ha realizado en el tiempo. Y esos supuestos son parte del discurso oficial, criterio de gobernantes, técnicos, medios de comunicación e incluso algunos académicos; sin dejar de anotar, por cierto, que se extienden al espontáneo sentido común de las gentes.

El debate sobre la Amazonía y sus recursos, la existencia de los pueblos indígenas en ese hábitat y la proliferación de actividades extractivas, siendo de antigua data, se ha puesto en primer plano en los últimos años. Desde los años noventa del siglo XX la presión por las tierras y recursos de la Amazonía se ha acrecentado en concordancia con la mayor escasez de recursos minerales, hidrocarburíferos e hidráulicos en el mundo, así como con el desarrollo de procesos de acaparamiento de tierras (landgrab) para la producción de biocombustibles y la agroexportación (1).

Es por ello que el libro de Alberto Chirif constituye un texto indispensable para conocer las condiciones en que ha proliferado y los efectos del extractivismo propio de la explotación de recursos forestales, mineros e hidrocarburíferos en la selva. El autor, dado el efecto análogo que producen, también incluye en su análisis las consecuencias de los proyectos hidroeléctricos y la construcción de carreteras en la Amazonía.
Considera Chirif que los marcos legales sobre la propiedad indígena son fundamentales. Desde el D.L. 20653 de 1974, Ley de Comunidades Nativas, el Estado reconoció la propiedad colectiva de las tierras y bosques de los asentamientos indígenas en la Amazonía (2). A partir de allí, las propias organizaciones indígenas han luchado, particularmente desde 1980, por su proceso de titulación. A lo largo del tiempo, sin embargo, se han producido modificaciones y retrocesos legales que para el autor revelan la histórica ausencia de franqueza de parte del Estado para un reconocimiento firme de los derechos indígenas.

Y, efectivamente, el asunto central reside en que la organización de la propiedad en la Amazonía —y otro tanto sucede para las comunidades de la Sierra— consiste en la superposición de derechos en los territorios de las comunidades indígenas: se les reconoce la propiedad de la tierra mas no la propiedad ni uso exclusivo sobre aguas y bosques, e incluso se les limita el aprovechamiento de su fauna. Los bosques sólo son cedidos mediante contratos temporales. Y, en lo que se refiere a los recursos mineros, tanto de superficie (placeres auríferos) como de profundidad (minería metálica y no metálica), la comunidad no tiene derechos y estos son entregados mediante concesiones a empresas privadas.

Se produce así lo que Pedro García Hierro (3) ha denominado el “desmembramiento jurídico de la integridad territorial indígena” que produce la “desintegración de los territorios indígenas en una constelación de derechos sobre los diferentes componentes que lo constituyen”. Además de ello, en los últimos años se ha dado, durante los gobiernos de los presidentes Fujimori y García, medidas legislativas que han eliminado ya el carácter inalienable e inembargable de las tierras comunales y que, más aún, han buscado indirectamente la disolución de las comunidades modificando desde arriba, sin la consulta debida, sus mecanismos de toma de decisiones. Ello, como es conocido, provocó la reacción de las comunidades en diversos puntos, incluyendo los lamentables sucesos de Bagua en el año 2009.

La ley clasifica las tierras comunales en agropecuarias, que se dan en propiedad a las comunidades, y forestales y de protección, que se otorgan sólo en cesión de uso. Esto afecta directamente “el sistema de vida y la economía de las sociedades indígenas que se basa en el uso del bosque como un todo inseparable”. El análisis de Chirif afirma que efectivamente el propósito declarado de la legislación forestal ha buscado formalizar la actividad extractiva y así ha optado, teniendo presente la baja densidad de las especies en el bosque amazónico, por la modalidad de entregar grandes lotes a las empresas madereras. Esto, sin embargo, no ha conseguido el objetivo buscado del manejo sostenible del recurso sino, por el contrario, el resultado ha sido la tala indiscriminada, la depredación del bosque y, por consiguiente, la pérdida de los recursos madereros de las comunidades. Agregado ello, además, a que éstas, presionadas, llegan a suscribir contratos desventajosos en provecho de madereras que, para Chirif, actúan con un comportamiento de saqueo más que empresarial.

Es de interés atender a la presencia de la minería metálica en la Amazonía cuyos efectos de depredación y contaminación ambiental resultan ser los más nocivos; los responsables de ello son principalmente los miles de mineros artesanales y pequeños, realmente hasta el momento difíciles de controlar, incluso por el involucramiento de algunos sectores de las propias poblaciones indígenas imbuidas por una salida fácil de los contextos de pobreza. Sin embargo, anota Chirif, si bien el Estado acusa a la informalidad de ser la causante de la contaminación minera, en realidad hay que señalar que también el Estado en la práctica la ha promovido (licencias de operación de dragas sólo para cateo, por ejemplo), por la inacción respecto al control y la erradicación o por ejecutar medidas a la postre ineficaces (“torpes y autoritarias”) como el relativamente reciente dinamitado fracasado de las dragas en Madre de Dios.

No actúa el Estado cumpliendo lo que acuerda con las comunidades indígenas. Un primer caso es el recuento de la experiencia de la Cordillera del Cóndor, donde ahora opera una empresa minera luego de que en el 2007 el Estado cercenó 68,829 Hás al Parque Nacional Ichigkat Muja no obstante haber sido su creación resultado de la consulta y acuerdos previos (2004) con las comunidades awajun y wampis. Otro caso es la entrega del lote petrolero 117 a Petrobras, que se superpone al área de la Zona Reservada de Güeppi, establecida antes por consenso entre el Estado y comunidades secoya y kichwa. Con certeza concluye Chirif que “los dos únicos casos de consulta previa, libre, informada y de buena fe que se han desarrollado en el país, los acuerdos logrados han sido posteriormente violados por el Estado”. Se trata en realidad, lamentablemente, de la prioridad que el Estado da a intereses privados por encima de los derechos comunales e indígenas.

Son conocidos los graves efectos de contaminación ambiental, y particularmente sobre las fuentes de agua, ocasionados por la explotación petrolera que, si bien en la Amazonía se remonta a la década de 1920, tuvo un primer gran impulso en los setenta con el gobierno militar, pero que en los últimos tiempos ha crecido exponencialmente. Entre el 70% y 80% de la Amazonía peruana está lotizado para fines de exploración y/o explotación petrolera (“del total de lotes del 2009, 20 se superponen a once reservas comunales y a zonas reservadas, mientras que 58 de ellos se traslapan con territorios titulados de comunidades nativas. Además, 17 lotes se yuxtaponen a áreas donde existen propuestas para crear reservas territoriales para protección de grupos indígenas en aislamiento voluntario” (Surallés, 2009), (Finer, 2009))(4). Por los perjuicios que ocasionan a las poblaciones que allí habitan y por el insuficiente reconocimiento de responsabilidad por parte de las empresas y del Estado esto es fuente de conflicto recurrente en la Amazonía.

Sin embargo, en esta ocasión, además de recordar dichos perjuicios que permanentemente ocupan noticias en los medios, Chirif resalta, a contraparte, la experiencia de los pueblos achuar, quechua y urarina frente a la contaminación de las aguas en la cuenca del río Corrientes. En el 2006 consiguieron la firma de la denominada Acta de Dorissa. Mediante ella, el Estado, la empresa petrolera y las poblaciones indígenas agrupadas en la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes lograron el compromiso de las empresas para solucionar los problemas de contaminación de los ríos mediante la reinyección del 100% de las aguas de formación (producto y pasivo de la explotación minera), lo que se efectúa y además es monitoreado también por la Defensoría del Pueblo y por los propios indígenas. Chirif señala el dato, sin embargo, que el Estado no sólo no ha reconocido a los actores este logro sino que les ha expropiado el triunfo, como se presenta en los medios, lo que sin duda es lamentable y grafica la poca importancia que se otorga al protagonismo indígena en el país.

Finalmente, el autor también analiza los proyectos hidroeléctricos y la construcción de carreteras. Como se anota, estos no son emprendimientos extractivos; sin embargo, están a ellos vinculados, ya sea porque su fin es la provisión de la energía necesaria para la explotación o por la facilitación de vías de acceso hacia los yacimientos o al mercado. Desde los ojos de la modernidad occidental se supone que todo ello es fuente de progreso; pero no necesariamente es así para las poblaciones de la Amazonía y las más de las veces se produce el efecto inverso. Junto con la carretera, sin tomar en cuenta las consecuencias del impacto cultural, llega el incremento de colonos y con ello la ocupación de tierras de las comunidades, la mayoría de los caminos son para la extracción indiscriminada de la madera, la mayor parte de las vías se efectúa
informalmente y la promesa de su utilidad para la “ampliación de la frontera agrícola” queda como ilusión.

Así lo recuenta Chirif para el caso de la vía Iquitos-Nauta, cuya construcción ha durado 30 años y no ha logrado ser la fuente de recursos agropecuarios para Iquitos, como se pensó, debido a la pobreza de los suelos por donde pasa la carretera. La ausencia de planificación, en éste como en otros casos, resulta clara.

El impacto de las hidroeléctricas es evidente si se constata que los embalses significarán la inundación de inmensos territorios y, por consiguiente, el desplazamiento forzado de las poblaciones indígenas allí establecidas. Lo absurdo alcanza, en el caso de la represa Inambari, a que incluso parte de la carretera interoceánica ya construida será sumergida. Pueblos indígenas awajun y wampis serán afectados en Manseriche, ashaninka en Paquitzapango y Sumabeni, machiguenga en Urubamba y harankmbut en Inambari. Resulta además sorprendente la construcción de estas hidroeléctricas, que según los especialistas no corresponden a las necesidades energéticas del país y están proyectadas más bien en función de los requerimientos del Brasil. Otro caso más en donde el costo social y humano, y ecológico, es dejado de lado.

Este nuevo texto de Alberto Chirif es, pues, un análisis pormenorizado de las diversas experiencias de afectación a los pueblos indígenas como consecuencia del desarrollo del extractivismo en diversos ámbitos y que viene siendo promovido con especial intensidad y como panacea en los últimos años. Este libro es también el fruto valioso del trabajo de un antropólogo sanmarquino que ha dedicado su vida al conocimiento y defensa de los pueblos indígenas de la selva peruana.

Notas:
(1) Bajo el supuesto de que el “gran vacío amazónico” debe de ser ocupado “productivamente”, al 2009, 44 millones de Hás. han sido concedidas a empresas transnacionales para hidrocarburos, al 2008 habían siete millones en concesión forestal, 52,000 con una proyección a 300,000 Hás. en proyectos de palma aceitera para biodiesel, 260,000 Hás. destinadas a parques agrícolas de agroexportación concedidas por los gobiernos regionales a grandes inversionistas, entre otros proyectos de expansión en la Selva (Cf. BURNEO, Zulema: El proceso de concentración de la tierra en el Perú. CEPES, CIRAD, ILC y Dinámicas del Mercado de la Tierra en América Latina y el Caribe: Concentración y Extranjerización / Perú FAO).
(2) Oportunidad en la que, es bueno resaltarlo, Chirif al lado del antropólogo sanmarquino Stefano Varese tuvieron papel protagónico en la formulación legal y organización institucional respectiva.
(3) SURALLÉS, Alexandre y Pedro GARCIA HIERRO: Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno. IWGIA, Documento Nº 39, Copenhague 2004.
(4) SURALLÉS, Alexandre: “Entre derecho y realidad: antropología y territorios indígenas amazónicos en un futuro próximo”. Bulletin de l´Institut Français d´Études Andines, 2009, 38 (1). FINER, Matt et al.: “Los proyectos petroleros y gasíferos en la Amazonía occidental: Amenazas a la vida silvestre, biodiversidad y pueblos indígenas”. PLoS ONE en Internet.

Publicado: 2013-07-21  

Fuente Servindi